Análisis de la política pública de reparación a las víctimas pertenecientes a comunidades étnica y culturalmente diferenciadas contribuye a llenar un vacío notorio en la literatura jurídica, se ha aproximado a la situación de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado.

La tesis de que el conflicto armado colombiano ha resultado una guerra contra el campesinado no debería ser una sorpresa para nadie, pues esta guerra ha sido esencialmente rural y ha puesto al campesinado en el medio de las confrontaciones armadas. Sin embargo, la anterior tesis no es usualmente planteada con la fuerza que amerita.

Articulo de Carlos Duarte para la Silla Vacía

En una larga conversación que organizaciones campesinas, Estado y academia han sostenido por más de 10 años siguen emergiendo de manera reiterada.

Bajo las cifras anteriores la mayor fuente antropogénica de contaminación por metano es la agricultura, responsable de alrededor de una cuarta parte de las emisiones, seguida de cerca por el sector energético, que incluye las emisiones del carbón, petróleo, gas natural y biocombustibles.

Es así como anuncios y reportes ministeriales y de agencias del Estado relacionados con la titulación de tierras, entrega de predios bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Convención Nacional Campesina (CNC), el acuerdo social para proteger las selvas y contener la deforestación en el país, entre otros, dan un indicio de lo que debería ser la formulación una Política Pública a favor de la población campesina, y que hoy, pueden acogerse a través de distintas vías: