¿El cobro opcional de exención al pico y placa funciona? Investigación advierte que no

Según un estudio realizado por tres profesores de Ingeniería, aumentar la cantidad de días con restricciones de tránsito y extender las horas de restricción de uso de vehículos en Cali aumenta la probabilidad de que los conductores paguen un cargo mensual, trimestral o anual para eludir la medida.

José Soto, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Víctor Cantillo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte, y Luis Fernando Macea, del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial de la Javeriana Cali se unieron en un ejercicio investigativo para analizar la política de restricción vehicular basada en placas con cobro opcional de exención en Cali. Los resultados de su estudio fueron publicados recientemente en la plataforma ScienceDirect, reconocida por divulgar y promover publicaciones científico académicas.

Parte de problema, señalan los académicos, es que los conductores solo son conscientes de los costos personales de usar su vehículo en la mayoría de los casos y no de los costos sociales, económicos y ambientales más amplios que los automóviles privados generan para la sociedad.

Cabe anotar que Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, con aproximadamente 2,2 millones de habitantes, según datos del DANE con corte a 2018. Solo en nuestra ciudad están matriculados alrededor de 700.000 vehículos automotores, de los cuales el 64% son automóviles particulares y el 31% motocicletas; el resto son autobuses, taxis y camiones.

Asimismo, expresan que la política de restricción por matrícula ha sido cuestionada y que otras investigaciones la califican como “perversa a largo plazo” porque, en determinadas circunstancias, puede incentivar la compra de un segundo vehículo, en muchos casos de segunda mano, que suele ser más contaminante. “Esta respuesta puede agudizar los mismos problemas por los que inicialmente se impuso la medida”.

Los tres investigadores analizaron la evolución de la política de ‘cargo por restricción vehicular basado en el número de patente del vehículo’ que se implementó en la capital vallecaucana desde el año 2017, denominada tasa por congestión. Los ingresos obtenidos por esta medida son posteriormente utilizados para subsidiar la operación del sistema de transporte público masivo de la ciudad (MIO), cuyo déficit mensual supera los 15 mil millones de pesos.

“Los resultados de este estudio mostraron que el precio del cargo por restricción vehicular es el atributo más relevante en la decisión que toman los conductores. También encontramos que extender el número de horas de la restricción por pico y placa es la acción estratégica que mayor impacto tiene en el recaudo”, explicó el profesor Macea.  

Por otra parte, los investigadores resaltaron que la forma como se implementó esta política en Cali podría inducir un mayor uso del vehículo particular porque los conductores la interpretan como un impuesto adicional al que le quieren sacar el máximo provecho, razón por la cual sugerimos que dicho pago se reestructure de forma proporcional al uso que se hace del vehículo durante los días que aplica la restricción.

En un día típico, los habitantes de la ciudad generan 3,7 millones de viajes, de los cuales el 62,3% corresponde a modos motorizados (incluido el transporte público) y el 37,7% a modos no motorizados (caminar y andar en bicicleta).

“Desde su inicio, la medida ha sido erróneamente denominada ‘cargo por congestión’ o ‘cargo por contaminación’, nombre inapropiado, ya que se trata de un cargo fijo en lugar de un costo marginal variable por uso del vehículo. El cobro por congestión tiene como objetivo lograr un punto de equilibrio óptimo al imponer un cargo que aumenta los costos de viaje personales para los usuarios de automóviles. El cobro de la LPRC no sensibiliza a los conductores sobre el costo social que generan por cada viaje que realizan, el cual depende del momento y lugar donde se produce el congestionamiento y la distancia recorrida en auto en las zonas de congestión, entre otros factores no contemplados en la medida”, añaden.

Para analizar la efectividad de la medida, los expertos estimaron un modelo estadístico que usaron para identificar las variables que influyen en la decisión de los usuarios de acogerse a la medida. “Finalmente, mostramos que las utilidades de la medida implementada en Cali sólo contribuyen marginalmente al financiamiento de la sostenibilidad del sistema BRT de Santiago de Cali. En el artículo proponemos algunos cambios importantes en la política para mejorar su eficiencia, entre los cuales se encuentra habilitar el pago diario”.

Por último, manifiestan que desde la perspectiva de la política pública, los gobiernos locales en Colombia enfrentan desafíos debido a que no cuentan con las facultades legales que les permitan controlar directamente el mercado automotriz. “Las autoridades colombianas solo pueden actuar implementando medidas de gestión de la demanda de viajes, favoreciendo modos de transporte más sostenibles y en detrimento del transporte privado. Además, están cada vez más preocupados por el continuo crecimiento de la flota de vehículos, lo que ha sido utilizado como justificación para adoptar medidas de restricción basadas en el número de placa del vehículo”.