Editorial La paz en Jaque: retos y perspectivas en la implementación de los acuerdos de La Habana

*Por Carlos Duarte

El “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, a pesar de sus innegables dificultades, todavía representa una oportunidad de transformación para la sociedad colombiana en varios puntos que históricamente se han identificado como neurálgicos: desarrollo agrario integral; participación política; problema de las drogas ilícitas; reparación de víctimas y la reincorporación de los guerrilleros de las farc. Si bien las experiencias internacionales auguraban un periodo inicial plagado de dificultades en la implementación de dicho Acuerdo, la visión de las partes parecía inclinarse por un voto de confianza mutuo, bajo el cual, gran parte de los obstáculos eran en esencia cuestión de tiempo. A mediano plazo Estado y sociedad comprenderían el tamaño y la importancia del acuerdo logrado, generando una dinámica irreversible en favor de la consolidación de la paz y la reconciliación nacional.

Sin embargo, tras dos años de implementación de los acuerdos de paz, el marco legislativo y normativo requerido para la implementación de cada uno de los puntos acordados en la Habana –algunos de ellos bajo el mecanismo vía fastrack–, no solo no han surtido el efecto esperado, sino que las expectativas de los protagonistas de la firma de paz han disminuido considerablemente, en correspondencia con el giro que en este sentido representó el cambio de gobierno.

Con referencia al punto de tierras rurales, el decreto 902 de 2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral, luce a estas alturas estancado y lejano de la meta de 10 millones de hectáreas que se propuso entregar a los habitantes de las zonas rurales más necesitados. En dirección opuesta, antes de terminar su mandato, el gobierno Santos radicó un ambicioso proyecto de Ley de Tierras, que de manera manifiesta se opone al espíritu del Acuerdo firmado con las farc. De otra parte, y en relación con la implementación de la Paz Territorial, es más que evidente la ausencia de articulación institucional en su implementación, así como la desfinanciación y falta de garantías para el cumplimiento de los programas de paz territorial, plasmados en los pdts. Directamente relacionado con apuestas alternativas al desarrollo rural, el artículo de Malen Solís, Miguel Ibarra y Fabián Salazar propone una relectura del conflicto social a partir de los fundamentos y prácticas de la economía solidaría en los municipios de El Tambo y Patía, en el departamento del Cauca. Los autores utilizan una metodología triangulada que combina teoría económica, valoraciones de los actores territoriales e hipótesis de los investigadores en contexto, para aproximarse a entornos rurales en conflicto y derivar acciones de transformación territorial futura. La riqueza del anterior diseño metodológico se percibe en la medida en que el trabajo es capaz de construir agendas temáticas entre procesos conflictivos y acciones colectivas, construidas de “abajo-hacia-arriba”.

Por otro lado, uno de los fundamentos de cualquier proceso de renovación territorial está fuertemente vinculado a la calidad del capital social. En esta dirección, Katerine Duque nos presenta un trabajo que revisa la educación rural como un elemento estratégico para la implementación y consolidación de la paz en Colombia. Duque hace el balance a la educación rural, sustentado en los datos que arrojan el reciente Censo Nacional Agropecuario. Igualmente, compara dicho ejercicio con las reflexiones que, con base en el mismo tema, realizan las organizaciones campesinas del cima, pupsoc y fensuagro para el departamento del Cauca. El ejercicio propuesto por la autora converge en ocho líneas de acción para superar las problemáticas de la educación, que ponen en una misma línea de intervención los derechos colectivos del campesinado, la relación entre educación formal y cotidiana, la interculturalidad, el enfoque de género y la producción y comercialización agraria.

Ahora bien, el trabajo de Miguel Ángel Parada dialoga con el Punto dos sobre la participación política del Acuerdo de Paz. El artículo concentra su atención en la identificación de los principales retos y perspectivas con el subtema de los medios de comunicación. Específicamente, el autor resalta aspectos como la participación de organizaciones y movimientos sociales en la formulación del proyecto de ley estatuaria de participación ciudadana y en la garantía de acceso a los medios de comunicación masiva.

A estas alturas, la reagrupación de las disidencias de las farc y la ruptura de cualquier posibilidad de diálogo entre gobierno y el eln, hacen inocultables los problemas en el diseño y cumplimiento estatal, con respecto a los procesos de reincorporación de las farc- ep a la vida civil. Precisamente, el artículo de Alejandra Erazo y Luisa Espitia analizan las tensiones surgidas en el municipio de Caldono (Cauca), al acoger excombatientes de las farc durante el primer año de implementación del Acuerdo. Este municipio tuvo la particularidad de ser el único donde se estableció una Zona Veredal Transitoria de Normalización en territorio étnico, bajo las jurisdicciones de los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo y San Lorenzo. Como el lector podrá descubrir, los obstáculos que facilitaron la reagrupación de las disidencias de las farc, así como el ocupación territorial por parte de otros actores armados, fueron numerosos y se relacionan con temas tan disímiles como los derechos étnicos y la autonomía organizativa indígena, convivencia, uso de recursos comunes, relacionamiento intercultural, estructura de la propiedad rural, así como la ocurrencia sistemática de amenazas y hechos violentos por parte de actores armados.

La aproximación territorial a los desafíos de nuestro postacuerdo se ve enriquecida con una sugerente aproximación, que coloca los tejidos que el agua hilvana en el centro del análisis. De esta manera, Camilo Hernández, tomando como referencia la propuesta analítica de Boelens, se pregunta: ¿Qué significa entender el Macizo como un territorio hidrosocial? El autor nos muestra cómo se construyen determinadas configuraciones espaciales alrededor de la estrella hidrográfica más importante de nuestro país, en las que se relacionan comunidades, institucionalidad pública, movimientos sociales, recursos naturales y conocimientos ecológicos. Las tensiones entre la política pública y las identidades multiculturales forjan el Macizo Colombiano como territorio hidrosocial, otorgando un sentido característico a las territorialidades que interactúan entre sí.

Por su parte, Paulín Daniela López nos presenta un acercamiento a una territorialidad más íntima. En medio del machismo característico de nuestras zonas rurales, esta investigadora nos sorprende al fijar su atención en la violencia sexual que se ensaña con el género masculino. La autora lleva a cabo su investigación con base en el análisis de fuentes estadísticas y cualitativas, con las cuales presenta 226 casos de hombres violentados sexualmente en el marco del conflicto armado colombiano. Para tal efecto, se vale de los boletines de Justicia y Paz entre 1988 y 1996, la revista Noche y Niebla entre los años 1996 y 2017, y 31 sentencias de paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz. De este modo, y sin guardarse nada, nuestro conflicto armado inscribe su polimorfismo en el cuerpo violentado de los hombres, dejando sus cicatrices en los vivos y atestiguando su huella terrorífica en la memoria de los muertos.

Por último, en nuestra sección Voz de la base, Edilberto Vergara presenta una entrevista realizada a Cesar William Diaz, vocero de la organización cima-cna (Comité de Integración del Macizo Colombiano), con respecto a sus percepciones en torno al contexto del posacuerdo. Cesar William nos plantea que, para el caso del Cauca, podemos hablar de posacuerdo, pero difícilmente de posconflicto. Lo anterior encuentra su potencia argumentativa, en la medida en que para este líder campesino los territorios están en disputa, con el fin de insertarlos al modelo económico o hegemónico extractivista. En las premonitorias respuestas de este líder, se destacan los problemas que en ese entonces ya se percibían en torno al diseño institucional y a la operatividad de los acuerdos en los territorios. Asimismo, esta voz que nos habla desde los territorios, se cuida de advertirnos sobre la violación sistemática a derechos humanos y el asesinato de líderes comunitarios, indígenas, campesinos y afrodescendientes.

Como vemos, el conjunto de trabajos compilados en el presente número parece evidenciar un acuerdo tácito: ¡el proceso de paz está en jaque! Quizás, ante la fragilidad de nuestro futuro común, el llamado apunte a no quedar petrificados, siendo testigos de excepción ante la dramática renovación del leitmotiv que inflama nuestras violencia (s) territoriales.